El plenario del Consejo aprobó –con disidencias- el Dictamen 139/2023 que aplica “la sanción de multa equivalente al 50% de sus haberes por única vez” a ambos magistrados por “actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo”.

La sanción a Anzoátegui fue aprobada con 18 votos y la disidencia de la consejera abogada que representa a Juntos por el Cambio Jimena de la Torre y la de Rizzi sumó, además, el voto negativo de los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero.

La resolución del Consejo determinó que el dinero que se les descontará a ambos magistrados se destinará “como reparación” a una de las víctimas de su accionar.

Además, les impuso a ambos jueces que cumplan con la denominada “Ley Micaela”, que en su artículo primero establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”.

Ello, dice la resolución, “a los efectos de procurar la debida actualización en materia de perspectiva de género”.

En fallos emitidos desde 2020 ambos jueces calificaron a la interrupción legal del embarazo como «método de tortura de la mafia», lo definieron como «ritual de tribus antropófagas» y opinaron de manera peyorativa sobre la “violencia de género”.

El último de los cuestionamientos surgió cuando los jueces, al fundamentar una condena contra un hombre que había asesinado a una mujer, descartaron la aplicación de la figura del femicidio y sostuvieron que la expresión “violencia de género” encierra un concepto «inasible» y «oscuro».

El Consejo evaluó también la forma en que ambos identificaron a una mujer trans: «el acusado» o «el imputado con tendencias homosexuales».

El tribunal también había denominado «manual de salvajadas inhumanas» al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.

Al explicar las razones de la sanción, el senador de la UCR Eduardo Vischi destacó que “es necesario destacar que la sanción de hoy es el cumplimiento de los principios y valores fijados por la Constitución y los tratados internacionales”.

Sobre el destino del dinero que será descontado por única vez a los jueces, Vischi reflexionó que “si bien la multa es simbólica, hay que destacar el cambio de paradigma que esto significa”.

“Ningún magistrado de la Nación contará con el aval de este Consejo de la Magistratura mientras generen daño a las personas que concurran a sus estrados buscando reparación”, resumió.