Luego de haber dejado en estado de conmoción a la clase dirigencial y amplios sectores de la sociedad con el mega DNU de desregulación económica, quedaba la segunda parte de su plan motosierra que llegaría con el anuncio del proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

La llamada “ley ómnibus”, que proponía una amplia reforma del Estado, superpoderes para el presidente y privatizaciones a mansalva de empresas públicas, era la iniciativa de cabecera de un menú de 14 proyectos de ley incluidas en la convocatoria que en una primera instancia se había dispuesto hasta el 31 de enero y luego se prorrogó al 15 de febrero.

Los otros 13 proyectos no avanzaron en sesiones extraordinarias, porque desde el primer momento el Gobierno los consideró un «relleno» de la ley que realmente ambicionaban, y que era (sigue siendo) la piedra angular de su proyecto político y económico.

Con la vuelta a foja cero de la ley ómnibus tras la votación del pase a comisión, cayeron en la volteada el resto de las iniciativas, como por ejemplo la implementación del sistema de Boleta Única para las elecciones, que ya cuenta con media sanción de Diputados y cuyo tratamiento está pendiente en el Senado.

También se había incorporado al listado de la convocatoria a extraordinarias el proyecto de reversión de la rebaja del Impuesto a las Ganancias que había impulsado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Al final, ese proyecto quedó stand by dado que el Gobierno resolvió «freezar» todas las iniciativas vinculadas a cambios en el plano tributario para no ensuciar las negociaciones por lo que consideraba el corazón del proyecto de Bases. La jugada no salió y es una incógnita qué sucederá en adelante con el proyecto para que más trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a las Ganancias.

También está por verse el futuro de los temas fiscales que el Ejecutivo decidió limpiar de la ley ómnibus para facilitar el acuerdo con los gobernadores no kirchneristas, como por ejemplo el blanqueo de capitales, la moratoria para empresas, los cambios en Bienes Personales y los aumentos en los derechos de exportación.

Otro tema que se había incluido en la convocatoria a extraordinarias y que no vio la luz en el período de sesiones extraordinarias es el proyecto de Ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El Gobierno todavía conserva una última bala para no quedarse con las manos vacías: volver a extender las sesiones sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero, pero no parece estar en el ánimo del Poder Ejecutivo, después del desaire que significó la caída estrepitosa de la ley ómnibus.

El único estímulo que contrapesa esta situación tiene que ver con la necesidad de convertir en ley la media sanción del Senado sobre las modificaciones a la ley de Lavado, teniendo en cuenta que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se instalará en el país entre el 3 y el 23 de marzo para decidir sobre la incorporación de Argentina al organismo.

Si tal como se presume esa nueva prórroga no ocurriera, el Poder Ejecutivo y el oficialismo parlamentario se habrán quedado con las manos completamente vacías, lo que implica una fuerte desilusión teniendo en cuenta el nivel de entusiasmo que se manejaba en los primeros días de la gestión.

Ahora las fichas están puestas en lo que pase después del 1 de marzo, cuando Milei debería hablarle al Congreso nacional reunido en Asamblea Legislativa para contarle su programa de gobierno y anunciar los próximos proyectos de ley del Poder Ejecutivo.

Lo llamativo y paradójico es que hasta ese ritual básico de cualquier presidente argentino, sea del signo político que fuera, está en duda por estos días. Mientras el Gobierno recalcula su estrategia y analiza seriamente la posibilidad de dictar partes del contenido de la ley ómnibus por decreto, Milei estaría decidido a pronunciar su discurso afuera del recinto, dándole la espalda a la Asamblea Legislativa.

Ya lo hizo el 10 de diciembre en su asunción presidencial para la estupefacción de propios y ajenos, que entendieron ese gesto insólito como una afrenta a la división de poderes y un desprecio al rol del Parlamento en una democracia representativa.

Esa espina, si Milei repite el modus operandi, se clavará más profundo en la susceptibilidad de los legisladores que están desconcertados por el rara avis del presidente, no muy afecto a las más básicas convenciones de la “casta política”.

El mandatario nacional sigue muy enojado con los sectores “dialoguistas” del Congreso, y muy especialmente con gobernadores de ese espectro de oposición light como el peronista cordobés Martín Llaryora y el radical santafesino Maximiliano Pullaro. Milei entiende que no cumplieron la palabra al no jugar a fondo para que los legisladores que les responden votaran a libro cerrado la ley de Bases.

En realidad, estos diputados acompañaron la ley en general, pero algunos establecieron límites en la votación particular respecto de algunos incisos, particularmente en el que permite eliminar fideicomisos y subsidios.

Temeroso de sufrir una dolorosa derrota en el capítulo de privatizaciones por falta de apoyo de sectores de la oposición más colaboracionista, el oficialismo decidió la vuelta a comisión, poniéndolo prácticamente el certificado de defunción a la ley ómnibus, al menos en aquella versión XXL.

Desde Israel, donde se encontraba de gira oficial, Milei le levantó el pulgar a su lugarteniente Santiago Caputo para levantar la votación, y con furia acusó a los diputados de querer “descuartizar su ley”. Más tarde hizo una lista negra de “traidores” escrachando con nombre y apellido a todos y cada uno de los diputados que expresaron al menos una disidencia con algún inciso.

Por si fuera poco, ordenó el descabezamiento de funcionarios “desleales”, y rodaron cabezas como las del ahora ex titular de ANSeS, el cordobés Osvaldo Giordano (con el argumento extemporáneo de que su mujer, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de un inciso clave) y de la salteña Flavia Royón, que se desempeñaba como secretaria de Energía. Los diputados salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz tampoco votaron como Milei quería que votaran, si bien acompañaron la ley en términos generales.

Estos ataques a la oposición amigable no hacen presagiar una voluntad del Gobierno de querer reencauzar las negociaciones para resucitar la ley ómnibus. Más bien parecen indicar un repliegue táctico antes de emprender la próxima ofensiva, que podría tener cara de sucesivos DNUs.

El resto de los proyectos que no fueron sancionados en extraordinarias
-Solicitud de autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024.

-Ratificación de los Convenios entre las Argentina y Japón «para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019» y otro similar firmado con China.

-Ratificación del Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington en 2019.

-Acuerdos suscritos con Emiratos Árabes, Turquía y China (recibieron dictamen de mayoría favorable en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados).

-Autorización a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio «Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos», que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de Estados Unidos durante abril próximo.