El tribunal también desestimó el pedido para que tanto Carrizo, cuanto los otros dos detenidos por el ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sean considerados integrantes de una “asociación ilícita”.

“Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (…) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”, sostiene el fallo.

De esa manera, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que una eventual decisión de agravar la situación de los detenidos es resorte de la jueza María Eugenia Capuchetti –quien ya rechazó los planteos- y del fiscal Carlos Rívolo.

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El fallo también descartó aplicarles a los detenidos una agravante que establece que “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

No obstante, el tribunal le ordeno a Capuchetti que vuelva a convocar a Carrizo a indagatoria, para informarle sobre el hallazgo de nuevos chats de Whatsapp en su teléfono, que los abogados querellantes, José Ubeira y Marcos Aldazábal, consideran como nueva prueba de cargo.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, admitieron los camaristas.

“Las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, concluyeron.