Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky coincidieron en que la AFIP –que durante el gobierno de Alberto Fernández denunció esa supuesta contratación irregular- “no demostró de qué forma el supuesto perjuicio que alega la habilitaría a constituirse en parte querellante en el proceso”.

La denuncia afirmaba que “a pesar de la AFIP contar en el momento en que sucedieron los hechos con un personal de planta que superaba las 22. 000 personas aproximadamente a lo largo de toda la Argentina, de los cuales 5. 000 resultaban, del mismo modo, abogadas y abogados altamente especializados, se procedió a la contratación de estudios externos”.

Pero además, la denuncia indicaba que Gil Lavedra trabajaba para la AFIP aún antes de que formalmente apareciera como contratado (de manera directa) externo.

La denuncia situaba en la misma situación a otros abogados externos, Alejandro Carrió y Maximiliano Reussi.

“En el primigenio estado de las actuaciones, de momento la parte recurrente no demostró de qué forma el supuesto perjuicio que alega la habilitaría a constituirse en parte querellante en el proceso”, sostuvo el voto de mayoría.

“El Organismo no ha demostrado en su presentación estar ante una hipótesis de perjuicio directo e inmediato a los intereses de la Administración”, añadieron los jueces Carbajo y Borinsky.

“El recurrente se ha limitado a aducir defectos de motivación en la resolución impugnada solo a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso. (…) La parte recurrente no ha brindado argumentos suficientes para demostrar la arbitrariedad sobre la que edifica su impugnación”, sostuvieron.

El tercer juez de la Sala, Gustavo Hornos, votó en disidencia.

Gil Lavedra es el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.