El director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Procuración del Tesoro, Guido Croxatto, aseguró que la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión del expresidente Mauricio Macri «tiene vicios institucionales y administrativos», pidió «empezar a criminalizar los delitos de guante blanco» y sostuvo que la iniciativa oficial de investigar penalmente esa toma de deuda pública es «una decisión histórica».

En una entrevista que este domingo publica Tiempo Argentino, el letrado que representa al Estado nacional destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de investigar el tema.

«Por primera vez en la historia, y dado el volumen criminal del endeudamiento que tomó el gobierno de Macri, hay un Presidente que tuvo una decisión histórica que es una bisagra en la historia jurídica institucional argentina: el Presidente instruye por decreto a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se constituya en parte querellante ante una causa penal que se tramita en la Justicia en el Juzgado Correccional N° 5», remarcó el letrado.

Croxatto recordó que el expresidente Macri; su exministro de Finanzas, Luis Caputo, y los dos expresidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris son investigados por tres delitos: malversación de fondos públicos, defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con la toma de deuda con el FMI.

«Hay que empezar a criminalizar estos delitos de guante blanco, que no vemos como delitos, y dejar de llenar las cárceles de pobres pibes que roban licuadoras»
Guido Croxatto

«Nos preguntamos si en el gobierno anterior se cumplieron todos los procedimientos administrativos y técnicos ante la toma de endeudamientos, y la respuesta es no», subrayó el abogado.

Y añadió que eso «es clave» porque el procedimiento «tiene vicios institucionales y administrativos».

Para el letrado, encargado de recolectar la prueba en la causa contra los funcionarios de Cambiemos que están involucrados en la toma de deuda, «el decreto 239 que firmó Alberto Fernández en abril de 2021 es un documento muy valioso» porque allí se sugiere «que la desregulación financiera fue parte de un contexto que ayudó al endeudamiento y a la comisión de delitos económicos y financieros muy graves».

«Entonces, ya no sería el endeudamiento con el FMI un mero error de cálculo de política macroeconómica, pasaría a ser o puede configurar un delito, vinculado al proceso de endeudamiento junto con políticas de desregulación que desmantelaron el Estado», explicó.

A su juicio, «hay que empezar a criminalizar estos delitos de guante blanco, que no vemos como delitos, y dejar de llenar las cárceles de pobres pibes que roban licuadoras».

Finalmente, contó que la causa está en la instancia de producción de prueba, y confió en su evolución.