Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, dijo este miércoles a los jueces que no soporta más estar preso y que los mensajes referidos al atentado fueron producto de su «humor negro», al tiempo que la querella que representa a la Vicepresidenta reclamó que se confirme su procesamiento y el de otra acusada, Agustina Díaz.

«No soporto más», dijo Carrizo a los jueces de la Cámara Federal porteña en unas breves palabras dichas de manera presencial en los tribunales de Retiro luego de más de dos horas de audiencia, en la que se escuchó el planteo de la querella de la Vicepresidenta para que se confirme su procesamiento como supuesto partícipe secundario del intento de asesinato del 1 de septiembre último.

La defensa de Carrizo pidió por su parte que se le otorgue «la libertad total» o se morigere su detención con, por ejemplo, una prisión domiciliaria, y que se declare la nulidad del procesamiento. La defensa de Díaz reclamó a su turno que también se revoque el procesamiento por «prematuro» y «antojadizo» y se disponga su inmediata libertad, mientras que la querella también reclamó confirmar el procesamiento.

«QUEREMOS SABER QUIÉN GUIÓ LA MANO DE SABAG MONTIEL»
José Manuel Ubeira aseguró que el objetivo de la querella que sigue la exmandataria en la causa que investiga las actividades del grupo Revolución Federal pasa por determinar quién «guió la mano de (Fernando) Sabag Montiel».

«Nosotros pediremos, bajo ningún punto de vista, imputar a quienes nada tienen que ver con el intento de magnicidio. No somos grandes armadores de causas. Nosotros vamos donde las pruebas nos llevan. Hasta ahora nos llevaron hasta acá», indicó Ubeira en declaraciones a Radio Provincia.

El letrado desestimó que este grupo esté conformado por persona que puedan ser considerados como «locos sueltos» y recordó «las conversaciones tuvieron y el interés que tenían en cobrar una suma de plata por el atentado».

Por pedido del letrado, Cristina Fernández de Kirchner solicitó ser querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.

En el inicio de la investigación, se encontraron con una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel (fundador de Revolución Federal) y a dos socias suyas en una carpintería que administraba por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma “Caputo Hermanos”.

Sobre la investigación, Ubeira dijo que, antes de funcionar la carpintería de Morel en Boulogne era un centro de jubilados de los pocos que visitó (Mauricio) Macri», y que por eso, ya pidieron «informes sobre ese inmueble». En tanto, indicó que la labor de Morel fue «aprendida en YouTube» y que aparecen «1 millón y medio de pesos aparecen como primer aporte y 7 millones aparecen en el año 2021».

«No sabemos qué hizo la carpintería, en principio nos parece que era una tapadera para recibir fondos y hacer lo que estaban haciendo. Hasta que se aclare esta situación, Morel está imputado y habrá que hacer una extensión se la investigación sobre el movimiento de dinero de la familia Caputo», agregó.

En este contexto, Ubeira remarcó que «las dificultades que tenemos son los medios concentrados que tratan de disimular esto, como lo hizo el editorial de La Nación que puso en duda la existencia del atentado».

«La llamada ‘banda de los copitos’ es una «organización primaria de lúmpenes. Los abogados nos guiamos por la prueba y el hecho. Que las personas estén detenidas no agota la investigación. Es notable la falta de interés por parte del poder Judicial para que no se investigue esta causa. Creemos que hay un financiamiento y una línea matriz, además, sabemos que esto va para arriba», subrayó.

Por la mañana, Carrizo fue trasladado desde la cárcel donde cumple prisión preventiva, mientras Díaz siguió durante casi tres horas la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens escucharon al abogado Marcos Aldazabal, por la querella de la Vicepresidenta, y a los defensores de los dos detenidos: Gastón Marano, en el caso de Carrizo, y Javier Molina, por Agustina Díaz.

El tercer integrante de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, no asistió a la audiencia en el segundo piso de Comodoro Py 2002 por estar de licencia, pero luego tendrá acceso a su grabación, antes de resolver si confirman los procesamientos con prisión preventiva que dictó la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

«Estoy ahí encerrado, pensando todos los días por qué hice una joda así. Yo pensé que Brenda (Uliarte, otra de las detenidas) no tenía nada que ver», dijo Carrizo de frente a los jueces en breves palabras al final de la audiencia.

El dueño de la máquina con la que se fabricaban copos de nieve que vendían los detenidos como coautores del intento de homicidio -Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma y su novia Uliarte- dijo que esta última «vino con otra versión»

«Nunca sospeché, yo quiero irme de ahí (por la cárcel). No soporto más», dijo a los jueces, sentado en una de las cabeceras de la mesa ovalada de la sala de audiencias en cuyo lado opuesto se ubicaron los magistrados.

Carrizo dijo además que las personas que lo conocen «saben el tipo de humor que tengo. He hecho peores bromas, no soy lo que dicen los medios».

Después del atentado y de la detención en el lugar de Sabag Montiel, Uliarte «decía que tenía que visitar a Nando» en la cárcel cuando en días posteriores el grupo de vendedores de copos de nieve planeaba «trabajar en la costa en enero».

Desde el penal de Ezeiza, Agustina Díaz se dirigió a los jueces para pedirles que «tomen la decisión adecuada» y que le permitan «volver» a su casa con su familia.

«Mis papás en ningún momento me dejaron sola, pido volver con mi familia», concluyó.

La postura del abogado de Cristina
Al inicio de la audiencia, poco después de las 10, el abogado de la Vicepresidenta, Marcos Aldazabal, sostuvo que «está más que acreditada» la intervención de Carrizo como partícipe secundario en el hecho.

La querella de Cristina Fernández pidió «rechazar nulidades» que plantea la defensa de Carrizo porque «se respetaron todas las garantías constitucionales» del debido proceso y consideró que el imputado «está inmerso en la planificación del hecho».

«La planificación existió y fue relevante; a medida que avance la investigación esperamos que se esclarezcan más cosas», sostuvo el letrado al fijar la postura de la querella que representa en esta audiencia.

Aldazabal postuló como querella en que se rebaje el embargo impuesto a cada acusado y que se descarte la figura de la «alevosía» en lo ocurrido pero que la decisión se confirme en todo lo demás.

La defensa de Díaz
Por su parte, Javier Molina, abogado de Díaz, pidió que se revoque el procesamiento al alegar que «no sabía lo que estaba pasando» en relación a la planificación de un ataque contra la expresidenta.

Por eso, el letrado reclamó que «se revoque el procesamiento, se recaratule como encubrimiento y se la excluya de punibilidad» en virtud de su relación de amistad cercana con Uliarte y se ordene la inmediata liberación.

«Ella no es parte de nada» y sus mensajes con Brenda Uliarte, su amiga procesada como coautora del intento de magnicidio, no prueban un rol de partícipe secundario «de un delito de esta gravedad institucional»

«A la jueza le faltó coraje» para dictarle la falta de mérito y liberarla, dijo además sobre el procesamiento que dictó Capuchetti.

El abogado sostuvo que Díaz y Uliarte eran amigas y se preguntó: «Uno no puede tener un amigo mentiroso?» sobre los mensajes que intercambiaban por WhatsApp vinculados a la decisión de Uliarte de atentar contra la Vicepresidenta.

Díaz es la amiga de Uliarte que después del ataque fallido contra Fernández de Kirchner le sugirió que borrara toda la información de su celular y que, según los mensajes que intercambiaron en el sistema de mensajería WhatsApp, sabía que ella había adquirido una pistola.

La defensa de Carrizo
En tanto, Gastón Marano, abogado de Carrizo, proclamó la inocencia de su defendido y aseguró que en su procesamiento «se violaron sus garantías constitucionales»

«Está en un estado de indefensión absoluta. No hizo ningún aporte para el hecho», señaló el abogado, y pidió que se dicte la nulidad del procesamiento y se dicte en todo caso la falta de mérito «hasta poder producir la prueba faltante como citaciones de testigos y acceso a legajos reservados»

Sobre los mensajes de WhatsApp que se encontraron en su celular y fundamentaron su procesamiento la defensa de Carrizo dijo lo mismo que el acusado: que se trató de «humor negro» en el marco de intercambios con un grupo que manejaba los mismos códigos

Carrizo ingresó a la sala de audiencias de la Cámara Federal porteña en el segundo piso de Comodoro Py 2002 en medio de un estricto operativo de seguridad y protegido por efectivos del Servicio Penitenciario Federal que lo taparon con dos escudos.

El acusado permaneció sentado a la misma mesa junto a los abogados y jueces, salvo en un breve cuarto intermedio en el que pidió ser trasladado a un baño, lo que se concretó en medio de una fuerte custodia del Servicio Penitenciario Federal.

Los procesados
Díaz y Carrizo están procesados con prisión preventiva por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, como supuestos partícipes secundarios del intento de magnicido del 1 de septiembre pasado y sus abogados apelaron esta decisión.

La magistrada consideró al procesarlos que «los sucesos del 1 de septiembre (el día del intento de magnicidio) fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz».

La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de «homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa» con embargos por 100 millones de pesos a cada uno.

Sagab Montiel, quien gatilló el arma contra la Vicepresidenta sin que saliera el disparo, y su novia Uliarte no apelaron los procesamientos, que ya quedaron firmes, ni las prisiones preventivas, por decisión de sus defensas oficiales.

En su caso quedaron acusados como coautores del intento de homicidio cometido la noche del 1 de septiembre en Juncal y Uruguay.