«Una de las primeras declaraciones del presidente electo Javier Milei fue reafirmar su decisión de privatizar los medios públicos. Esta posición genera un enorme rechazo y preocupación ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática», indicaron.

Luego, enumeraron las funciones sociales que garantizan los medios públicos.

• La información como un derecho y no como una mercancía.

• El diálogo con ciudadanos y no con consumidores.

• Cobertura en todo el territorio nacional, que ahora también se extiende al territorio digital.

• La pluralidad, diversidad e inclusión de sus contenidos.

• El mandato de servicio público establecido por las leyes vigentes.

• La rendición de cuentas a la ciudadanía y a órganos de control.

• La producción de contenidos formativos e informativos regida por el interés público y no por estándares comerciales.

• La generación de contenidos y agendas ausentes o de poca presencia en la lógica comercial.

• La soberanía informativa y cultural. • La difusión de Argentina hacia el mundo.

• Por todo esto, los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana».

Télam, Radio Nacional y la TV Pública recibieron $24.517 millones en 2022 y entre las tres emplean a más de 3.400 personas, muchos de los cuales podrían ver en riesgo sus fuentes de trabajo con el plan de privatización.

La autonomía financiera de Télam se ubica en un 65,1%, Radio y Televisión Argentina S.E, en un 22,6%, y Contenidos Públicos S.E, en un 17,9%. El restante financiamiento se cubre con asignaciones presupuestarias.

Télam cuenta con una un staff de 829 trabajadores; Radio y Televisión Argentina S.E de 2382, y Contenidos Públicos S.E, de 244.