«Comenzamos la etapa de producción de la prueba. En el día de la fecha van a ser librados los oficios todos, excepto los que van dirigidos a DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) y tienen que ver con cruce de llamadas, para lo cual vamos a requerir la autorización del juez para llevar adelante esa prueba informativa», señaló la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard.

Y agregó: «Preferimos preservar el procedimiento y llevar adelante la producción de prueba con todas las garantías y que esto sea claro, transparente y tenga la objetividad y la publicidad de cada uno de los actos».

En ese sentido, la entrerriana destacó que los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, «han sido notificados de la declaración de admisibilidad y también de que tienen la posibilidad de acceder en todo momento al expediente».

En tanto, el vicepresidente de la Comisión, el diputado de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López, leyó un escrito firmado por los legisladores de la oposición que integran ese cuerpo y señaló que «hay una serie de irregularidades que se sigue manteniendo» en el proceso, así como también denunció que el procedimiento está «viciado de nulidad».

«Advertimos que la Comisión no sólo ha cometido severas irregularidades, sino que además ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria», indica el texto en cuestión. Y agrega: «La Comisión está llevando adelante un proceso penal paralelo».

Acto seguido, López indicó: «Ahora vamos a levantarnos para poder contar a la sociedad más sobre lo que venimos a denunciar acá».

Ante esa decisión, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó: «Una pena que no se pueda argumentar en esta comisión y que hayan recurrido a este argumento, que ya lo conocimos varias veces en el recinto. Cuando uno tiene pocos argumentos, lo mejor es levantarse e irse».

Y añadió: «Sin prueba producida no hay posible perjuicio y sin posible perjuicio no hay ningún margen de acción de nulidad».

Para este jueves fueron convocados a prestar declaración los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos; el ex titular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, Cristian Abritta; el subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, Sergio Rubén Romero; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios; y Roberto Miguel Ángel Saggese, de la Vocalía de Rosatti.

La reunión tuvo momento de rispideces entre oficialistas y opositores, como cuando el diputado del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez requería al juez Ramos qué entendía por «filtración»: ante ello, la integrante de la bancada de la Coalición Cívica-ARI Mariana Stilman se quejó de las repreguntas. En ese momento, la kirchnerista Mara Brawer curzó a la radical Karina Banfi por haber afirmado que la Comisión estaba funcionando como la Gestapo: «Quiero recordarle que Argentina es un país democrático y muchos de los que estamos acá, en esta Cámara, somos familaires de víctimas de la Gestapo. Le pido que no banalice sitauciones que son delitos de lesa humanidad».

Ramos fue el magistrado que archivó en Comodoro Py una denuncia vinculada a los chats filtrados entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro, y el funcionario judicial Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos «mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal». Al ser interrogado sobre ese tema, el juez ratificó lo actuado y reiteró que no podía apartarse de lo resuelto en su fallo.