Los socios de Juntos por el Cambio mantienen sus diferencias en torno a la estrategia parlamentaria que adoptarán sobre el acuerdo con el FMI, ya que el PRO sigue poniendo condicionamientos para votar, mientras que esa misma fuerza no logró respaldo de sus socios en el tema de los subsidios al transporte en la ciudad de Buenos Aires, divergencias que quedaron expuestas en las últimas horas tras la reunión de la mesa nacional del espacio.

La extensa reunión del jueves pasado de la conducción política de la coalición opositora intentó mostrar un mensaje único en relación al entendimiento con el FMI: Juntos por el Cambio no pondrá piedras en el camino, aunque insiste en ver la letra fina del acuerdo antes de votar.

Sin embargo, en el espacio opositor persisten las diferencias entre dos visiones: la que insiste en dar quórum al entendimiento, encarnada por la UCR y la Coalición Cívica, y la que pone condicionamientos para votar, detrás de la cual se embandera el PRO.

Pese a las declaraciones posteriores a la cumbre, en el seno de la coalición opositora hay dos posturas marcadas: el radicalismo, hoy conducido por el jujeño Gerardo Morales, y la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, piensan que tienen que dar quórum al debate en el Congreso.

El PRO pone más reparos y dice que no se puede votar lo que no se conoce. De hecho, fueron tan evidentes estas diferencias que durante la semana hubo una reunión específica del bloque macrista para debatir su posición.

En ese marco, escucharon a los economistas del partido e insistieron en su postura de que no pueden avalarlo sin conocer le letra chica del entendimiento.

Las divergencias internas ya habían quedado expresadas cuando el gobernador Morales pidió no olvidar que fue la administración de Mauricio Macri el que tomó el endeudamiento extraordinario de 44 mil millones de dólares con el FMI, cuya devolución ahora trata de renegociar la gestión de Alberto Fernández.

Pese a las diferencias, Juntos por el Cambio logró ponerse de acuerdo en un punto, y es que cuestionarán cualquier propuesta que implique un eventual aumento de impuestos.

El sábado, en una entrevista con radio Diez, el presidente Alberto Fernández consideró que sería «un acto de sensatez» de la oposición si apoyan en el Congreso el entendimiento alcanzado con el organismo internacional.

En la reunión opositora del jueves, también sobrevoló la discusión planteada entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional en torno al nivel de subsidios que recibe la Ciudad para el transporte público, pero el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no logró el respaldo que pretendía de sus socios en la coalición.

Es que Rodríguez Larreta pretendía un apoyo de sus socios de Juntos por el Cambio ante la polémica que viene manteniendo con la Nación, que analiza transferir a la Ciudad el manejo de subsidios y tarifas del transporte de colectivos que circulan por Capital Federal, un total de 32 líneas de transporte público de pasajeros.

Según pudo saber Télam, cuando la cuestión fue planteada en la cumbre de JXC, varios referentes del interior del país le dijeron al jefe de Gobierno porteño que la cuestión no iba a ser respaldada, considerando que el boleto de colectivo en Capital Federal sale 18 pesos y el promedio del interior es de 50 pesos.

Alguno de los interlocutores le dijo a Rodríguez Larreta que el esquema de subsidios al transporte es injusto, que históricamente beneficio al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que era necesario tener una mirada más federal de la cuestión.

El sábado, el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, lo dijo públicamente -en declaraciones a radio Mitre: «Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio. Les pedí que no metan ese tema porque tenemos diferencias. Formamos parte del Norte Grande. En el AMBA reciben los subsidios que no recibimos en el interior. Es muy injusto».

Más allá de los temas coyunturales del acuerdo con el FMI y los subsidios al transporte, en el debate de cinco horas de los líderes opositores también se acordó ampliar la agenda legislativa, con proyectos concretos sobre cuestiones de suma actualidad.

En ese contexto, Juntos por el Cambio pondrá la cuestión del narcotráfico en el centro de su atención, harán un seminario con expertos y presentarán una ley de emergencia sobre la materia, luego de que más de 20 personas murieran en el conurbano hace algunos días al consumir drogas adulteradas.

Asimismo, fijarán una postura sobre las condiciones del regreso a clases e insistirán en que se retome con normalidad la actividad educativa en un contexto de reducción de casos de coronavirus en todo el país.

La decisión del Gobierno nacional de darle prioridad al tema, plasmado en el plan «Aulas seguras» que presentó la Casa Rosada esta semana y que da las pautas para un retorno a la presencialidad cuidada, el frente opositor busca dar señales para evitar que el oficialismo le «arrebate » una bandera que considera propia.

Otro de los temas confirmados como clave en la reunión es la cuestión del Consejo de la Magistratura.

En el Congreso hay varias iniciativas en danza para modificar el organismo de selección y remoción de jueces, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara una nueva ley para organizar el Consejo, cuestionando su actual composición.

Juntos por el Cambio impulsa en este sentido un proyecto unificado entre sus distintas fuerzas -PRO, Coalición Cívica, UCR y Peronismo Republicano- y un equipo de juristas ya lo está redactando.

La oposición también promoverá la cuestión de la lucha contra la violencia de género y saldrá a cuestionar con mayor intensidad el rumbo de la política exterior del Gobierno nacional, tras el reciente viaje presidencial a China y Rusia.

Todas estas iniciativas quedarán plasmadas en una agenda legislativa que la oposición presentará en los próximos días, antes de que el 1 de marzo comiencen en el Parlamento las sesiones ordinarias.

En el plano interno, Juntos por el Cambio también avanzó en la constitución de la denominada Mesa Federal, una instancia generada luego de las quejas que llovieron desde el interior del país, donde dirigentes que fueron importantes para ganar los comicios legislativos se quejaron de que la conducción era muy centralista y porteña