El Gobierno mantiene su expectativa de cerrar un acuerdo de un momento a otro con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda de US$ 45.000 millones con el organismo multilateral contraída por el Gobierno de Mauricio Macri, a pesar del abrupto cambio de escenario económico y geopolítico que dejó el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La Argentina y el FMI mantienen hasta el último momento de las negociaciones diferencias en «el sendero para llegar» a las metas fiscales, lo que fue confirmado por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante su conferencia del pasado jueves.

«Una vez que esté el acuerdo, que esperamos que sea en las próximas horas o días, va a ser enviado al Congreso, no va a haber ningún tipo de secreto», ratificó Cerruti.

La portavoz de la Presidencia de la Nación adelantó que el acuerdo con el FMI formará parte del discurso que Alberto Fernández pronunciará el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, junto con otros temas económicos entre los que mencionó «la inflación» entre los temas prioritarios.

Cuáles son las diferencias

Las diferencias entre el FMI y el Gobierno giran en cómo se llegará a la reducción del déficit fiscal planteada oficialmente, para llegar al 2,5% del PBI en 2022 hasta ubicarla en 0,9% en 2024.

Mientras tanto, circulan en las redes supuestos borradores de los números de las discusiones que el Gobierno no salió ni a confirmar ni a desmentir, porque «cambian todos los días, por eso son borradores», precisó la portavoz Cerruti.

En cambio, el Gobierno consideró importante desmentir las versiones acerca de una supuesta reforma jubilatoria.

«Que los jubilados estén tranquilos, no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento en las jubilaciones», dijo este lunes Fernández al encabezar un acto en la Costa Atlántica, aunque mencionó la necesidad de «avanzar más» en estudiar los beneficios jubilatorios que favorecen a jueces y embajadores a través de los regímenes especiales.

Luego el ministro de Economía, Martín Guzmán, precisó que «no habrá ninguna reforma jubilatoria».

El titular del Palacio de Hacienda dejó en claro que «se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley», y que «se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546», que alcanza a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.

Posteriormente fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien agregó que «lo que se va a hacer es una serie de estudios para mejorar el sistema en su equidad» y en cómo tener claro el financiamiento «de un sistema que representa el 52% del Presupuesto Nacional», dijo el funcionario en declaraciones a Télam.

Otro de los puntos relacionados y de significativa importancia son los números finales en las quitas de los subsidios en los servicios públicos, de los que el Gobierno aspira a ir reduciendo paulatinamente.

«Ellos piden el aumento de tarifas, piden que sea mayor que la inflación, a lo que nosotros decimos que no», deslizaron fuentes cercanas a las negociaciones.

Además, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania agregó ruido a las negociaciones en este sentido debido a la fuerte suba en el precios de los commodities, especialmente en el petróleo y el gas.

Al ser consultada sobre las consecuencias del enfrentamiento frente a la negociación de la Argentina con el FMI, la portavoz indicó que pretenden «no mezclar los temas», y que el país continúa llevando adelante el acuerdo por las vías de siempre. «Esperamos que terminen prontamente y somos optimistas con que llegaremos pronto a finalizar el acuerdo», expresó Cerruti.

«Estamos llegando a los últimos acuerdos, con respecto a la letra más chica tenemos algunas diferencias con respecto al sendero para alcanzar las metas fiscales. Esperamos que los próximos días sea enviado al Congreso», afirmó Cerruti durante la habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada.

También descartó la posibilidad de evitar el tratamiento legislativo del acuerdo, tal como fue el planteo de la Coalición Cívica (CC) que conduce Elisa Carrió.

«El ámbito para discutir y sancionarlo es el Congreso», precisó la portavoz de la Presidencia de la Nación.