Un ciudadano guatemalteco que afirma haber sido deportado erróneamente a México el mes pasado ha regresado a Estados Unidos, según su equipo legal, marcando la primera vez que el Gobierno de Trump trae de regreso a un inmigrante después de que un juez ordenara facilitar su retorno.

O.C.G., un seudónimo que el migrante utiliza en el caso, aterrizó en Estados Unidos el miércoles y se puso en contacto con un miembro del equipo legal que desafía las medidas de la administración de Trump para enviar inmigrantes a países donde no tienen vínculos, según Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance.

El equipo espera que sea puesto bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, aunque no está claro dónde será detenido, dijo Realmuto a CNN.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para obtener comentarios.

El juez federal Brian Murphy, quien supervisa un caso relacionado con migrantes deportados a países que no son su país de origen, ordenó el mes pasado el regreso de O.C.G., dictaminando que su expulsión a México y, posteriormente, a Guatemala probablemente “careció de debido proceso”.

Después de ingresar a EE.UU. y ser deportado por primera vez, O.C.G. volvió a entrar a EE.UU. en 2024, momento en el que solicitó asilo tras haber sufrido “múltiples ataques violentos” en Guatemala, según documentos judiciales.

En su camino a EE.UU. durante el segundo viaje, O.C.G. declaró que fue violado y retenido para pedir rescate en México, un detalle que comunicó a un juez de inmigración durante el proceso.

En 2025, un juez determinó que no debía ser enviado de regreso a su país natal, según los documentos. Sin embargo, solo dos días después, el Gobierno lo deportó a México, de acuerdo con la orden de Murphy.

O.C.G. ha afirmado que no se le dio la oportunidad antes de su deportación de comunicar su temor de ser enviado a México y que sus solicitudes previas a la expulsión para hablar con un abogado fueron rechazadas.

La entrada de ICE en el Tribunal de Inmigración de Federal Plaza, el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

El Gobierno inicialmente argumentó que O.C.G. había comunicado a los funcionarios antes de su expulsión que no temía ser deportado a México, pero recientemente retiró esa afirmación al no poder identificar a un funcionario de inmigración que pudiera confirmarlo.

De acuerdo con el fallo de Murphy, O.C.G. expresó durante su proceso migratorio que temía ser enviado a México, pero el juez le indicó que, dado que México no es su país de origen, no podía ser enviado allí sin pasos adicionales en el proceso.

El fallo de Murphy se produjo días después de que un tribunal de apelaciones negara la solicitud de la administración de Trump de suspender una orden que le exigía facilitar el regreso de un migrante venezolano de 20 años deportado por error a El Salvador a principios de este año.

Durante una audiencia el mes pasado, la jueza federal Stephanie Gallagher dijo que los funcionarios prácticamente no habían hecho nada para cumplir con su directiva de “facilitar” el regreso de ese inmigrante a EE.UU. desde la megacárcel en El Salvador a la que fue enviado, para que pueda resolver su solicitud de asilo.

En un caso similar, la administración Trump ha estado en desacuerdo con otra jueza federal en Maryland por su orden de facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un hombre deportado por error en marzo.

La jueza federal Paula Xinis, quien supervisa el caso, se ha enfrentado a repetidas evasivas por parte del Departamento de Justicia y miembros del Gobierno de Trump, quienes han seguido obstaculizando una búsqueda “acelerada de hechos” para esclarecer qué están haciendo los funcionarios para facilitar el regreso de Ábrego García desde El Salvador.