La normativa dispondrá que esas administraciones tendrán acceso al mercado cambiario oficial para comprar con pesos hasta el 40% de los dólares que necesiten para hacer frente a esas obligaciones lo que, en los hechos, supone que deberán cancelar el 60% restante al menos en lo que queda del presente año con tenencias propias, financiamiento o a través de la renegociación de plazos con sus acreedores, para no incurrir en incumplimientos.

Esta medida surge en momentos en los que las reservas llegaron a un nivel crítico, en un contexto político y económico desafiante para el Gobierno.

Las cifras oficiales muestran que, en el primer trimestre del año, las empresas públicas (Aysa e YPF) y las provincias (principalmente Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) le exigieron al BCRA US$ 1.120 millones para la cancelación deudas, cifra equivalente al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.

Aunque la liquidación del agro, a través del “dólar soja 3” le permitió al BCRA recomprar unos US$ 1.400 millones, no logró revertir las reservas negativas netas que tiene desde hace más de dos meses.

El objetivo del BCRA es frenar la sangría de divisas extendiendo a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en dólares.