El Poder Ejecutivo, por ejemplo, avanzó en los últimos días con la iniciativa impulsada por el diputado nacional Máximo Kirchner, en la que proponía el adelanto a agosto del salario mínimo vital y móvil programado para fin de año. De acuerdo al nuevo cronograma, el mismo será de 45.540 pesos a partir del 1 de junio y de 47.850 pesos desde agosto.

También, luego de un pedido del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Ministerio de Economía confirmó que adelantará a junio de este año la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, originariamente prevista para enero de 2023.

Con la modificación propuesta, alrededor del 90 por ciento de los trabajadores registrados quedarían exentos de este tributo consolidándose un esquema progresivo por el que sólo pagarían el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos, y las jubilaciones de privilegio.

Estas, y otras políticas, son imprescindibles en un escenario donde la inflación tiende a neutralizar los enormes esfuerzos que se realizan para mejorar la situación de las mayorías.

En paralelo, el interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación presentó un proyecto de ley que propone un plan de pagos de deudas previsionales. Alcanzaría a unas 500 mil personas que no tienen los años de aportes suficientes y que, con esta iniciativa, podrían jubilarse este año.

El Senado también le dio media sanción al proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. La medida propone un plan de regularización de quienes han fugado dinero al exterior sin declarar y, consecuentemente, sin pagar los impuestos y, por lo tanto, han incumplido con la ley.

El proyecto crea un fideicomiso con el aporte del 20 por ciento de los bienes no declarados ante la AFIP de ciudadanos argentinos en el exterior. Ese aporte sube al 35 por ciento si los evasores declarasen los bienes luego de los seis meses de la entrada en vigencia de la ley.

También impulsa un régimen penal que promueve, entre otras cosas, investigaciones para descubrir a los evasores. Estos tendrían la opción de abonar, en los siguientes quince días a que fueran descubiertos, el 50 por ciento del valor de lo evadido y, de ese modo, quedar exceptuados de la judicialización correspondiente. Todas estas medidas empalman con el objetivo del Gobierno de impulsar políticas redistributivas.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer cuatrimestre de este año el gasto público creció 14,6 por ciento en términos reales (descontando la inflación).

El mencionado informe, reproducido por un matutino, dice: «El grueso de la expansión de las erogaciones tiene que ver con los gastos corrientes. Las jubilaciones y pensiones, el gasto más significativo en términos absolutos, crecieron 62,6% anual en el cuatrimestre, o 5,7% por encima de la inflación. Las asignaciones familiares y AUH lo hicieron al 80% nominal, o 17,5% real. Los salarios de la administración pública nacional se incrementaron 11,7% real. Programas sociales como Potenciar Trabajo, Progresar y otros son menos significativos en valores absolutos, pero el gasto creció 21,9 puntos por encima de la inflación». Esa expansión del gasto es posible por el aumento de los ingresos.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la recaudación creció 3,9 por ciento real interanual. Ello se debe al aumento en un 8,8 por ciento de la recaudación en el impuesto a las Ganancias y 8,4 por ciento en la Seguridad Social, en ambos casos como una consecuencia del incremento del empleo y de la actividad económica.

Por supuesto: hay muchas cosas por hacer. Hay objetivos de mediano y largo plazo para los que no alcanza el año y medio de gobierno que le queda a la actual gestión.

Es necesario ganar las próximas elecciones para seguir llevando adelante una serie de transformaciones. Necesitamos acumular más fuerzas para tener mayor capacidad de enfrentar los intereses poderosos que no quieren esos cambios.

En ese marco, la primera fortaleza pasa por consolidar la unidad del Frente de Todos. Para ello, deberemos acostumbrarnos a convivir con los matices.

Las coaliciones están integradas por fuerzas diversas y, por ello, es casi inevitable que en su interior surjan puntos de vista, diagnósticos y expectativas no coincidentes.

El Frente de Todos, desde su inicio, tuvo como objetivo ser una fuerza capaz de derrotar a Macri evitando su reelección. Ello no suponía que todos y todas sus integrantes estuviéramos automáticamente de acuerdo en cada una de las políticas a implementar.

Pero, cuando hay esa heterogeneidad de origen, la necesidad de ámbitos deliberativos es mucho mayor. Las diferencias se resuelven debatiendo y, para eso, se necesitan ámbitos para debatir.

Cuando no hay canales regulares habilitados, una parte de las discusiones internas terminan expresadas en los medios de comunicación. Ello no quiere decir que esas instancias deliberativas deban cogobernar: al gobierno lo tiene que ejercer quien lo tiene que ejercer, hay un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, con sus distintos roles, con funcionarios habilitados para conducir cada una de las áreas.

Sin embargo, ese Poder Ejecutivo que es la representación de una coalición, seguramente se fortalecería si encontrara la manera de canalizar esos debates en un espacio donde las distintas expresiones internas pudieran discutir el rumbo, las intensidades, las prioridades, entre otros temas. Confío en que esa institucionalización del debate se va a lograr.

Una referencia a observar es el Frente Amplio uruguayo, que gobernó muchos años el vecino país. Era habitual, durante sus varias gestiones, que alguna de las fuerzas del Frente sacara una declaración crítica sobre cualquiera de las políticas gubernamentales y ello no ponía en tensión la unidad de la coalición gubernamental.

Lo peor sería volver atrás. Para avanzar es imprescindible una combinación de debate, unidad y despliegue de políticas concretas.

(*) – Carlos Heller es diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.